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Los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica han golpeado duramente a América Latina. ¿Qué tareas le esperan a la Iglesia latinoamericana después de la cumbre en el Vaticano?

El Papa Francisco quiere darle un tratamiento frontal al tema de los abusos al interior de la iglesia. Para América Latina se trata de un desafío urgente, en una región marcada por graves casos. Aunque tardíamente, las iglesias de la región están tomando medidas, que incluyen la apertura de oficinas y líneas telefónicas de denuncias, la elaboración de protocolos de prevención y tratamiento de las denuncias, registro público de condenados y colaboración con la justicia.

Pero todavía hay mucho por hacer, reconoce en diálogo con DW Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá. Él es uno de los dos latinoamericanos que integran la Comisión Pontificia para la protección de Menores, junto al experto brasilero Nelson Giovanelli Rosendo.

Hay algunas situaciones de abuso que han sido como altoparlantes. Me refiero a casos como Maciel en México, como Karadima en Chile o los fundadores del instituto Sodalicio de Vida Cristiana en Perú. Han tenido un impacto muy grande en los medios y en las iglesias locales”, reconoce Mons. Alí Herrera. El prelado remarca que, aunque en otros países el impacto de los casos ha sido menor, “esto no es para no preocuparnos. Realmente sí se siente menguada la confianza y la credibilidad moral”.

“Lo que ha causado mucho dolor y rabia es el encubrimiento por parte de la jerarquía de la iglesia. Es una situación dolorosísima, tanto como los mismos abusos. La iglesia debe tener un compromiso de afrontarla radicalmente”, reconoce Mons. Alí Herrera.

En conversación con DW, Fortunato Mallimaci, sociólogo argentino especialista en religión, estima que “estos delitos se cometen porque hay abuso de poder que, sobre todo en los años del Papa Juan Pablo II se incrementó en lo que se llamó nuevos movimientos religiosos, que hicieron de ese poder una manera central de entender el catolicismo y la sumisión total a la autoridad, lo cual un sacerdote aprovechaba para cometer esos abusos”.

En América Latina, al interior de instituciones como los Legionarios de Cristo, el movimiento Sodalicio o el grupo de jóvenes de la parroquia de Fernando Karadima, se dieron las condiciones para que se cometieran graves delitos.

Reacción y transparencia

“Benedicto XVI fue el primero en reconocer que este era un gran problema al interior de la iglesia y pidió a las conferencias episcopales hacer protocolos para escuchar a las víctimas, llevar al sacerdote al poder judicial y hacer las denuncias públicas, pero en América Latina ninguna lo hizo porque primaba el secreto y la defensa de la institución”, señala Mallimaci.

Las diferentes iglesias latinoamericanas no tienen una normativa sobre hacer catastros de los religiosos condenados, centralizar o hacer pública esta información, como lo hizo la Conferencia Episcopal de Chile en su sitio web al publicar la lista de los 42 sacerdotes y diáconos condenados por la justicia civil o canónica por abuso sexual a menores.

“Es una tarea pendiente que tenemos como Iglesia. Es importante que se transparenten estos datos, pero antes es necesario hacer otros trabajos igualmente urgentes. Me refiero a la prevención, elaborar protocolos, trabajar en la formación de los futuros sacerdotes, visibilización de los casos y cómo deben ser trabajadas las denuncias”, dice Mons. Alí Herrera. “Debemos hacer un esfuerzo cada vez mayor para que las víctimas puedan acercarse y denunciar. En muchos casos, por el contexto cultural en algunos países latinoamericanos o en sectores rurales, las personas tienen vergüenza de que sean conocidas”, agrega el prelado.

Para Mallimaci, es fundamental que cambien las estructuras de poder que hacen posible el abuso. “Este no es un crimen de una sola persona, sino que hubo una estructura que durante décadas, en vez de hacerse eco de las víctimas, las difamaban y trasladaban muchas veces a ese sacerdote a otro lugar en el cual seguía cometiendo los delitos”. Y pide que se tomen las medidas correspondientes. El sociólogo da el ejemplo de condenados por la justicia en Argentina que aún no han sido expulsados del sacerdocio.

Laxitud moral

Otro tema clave, subraya Mons. Alí Herrera, es la selección y formación de postulantes al sacerdocio, de lo que él se ocupa especialmente en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, bajo la dirección del jesuita alemán Hans Zollner, quien además está en el comité organizador del encuentro de obispos que se realiza en Roma.

El obispo colombiano considera fundamental reforzar la formación de los seminaristas, en lo que tienen que ver con la asunción del compromiso celibatario y la responsabilidad en su sexualidad. “En los estudios que hemos abordado nos hemos dado cuenta de que en ningún momento hay una correlación entre celibato y abuso de menores, pero sí entre laxitud moral y abuso de menores”, consigna.

Hora de tomar medidas

El caso chileno es un ejemplo de lo que puede lograr una sociedad cuando se moviliza, considera el sociólogo Mallimaci, refiriéndose a la amplia investigación encargada por el Papa, que ha profundizado en los delitos ya ocurridos y ha recogido otros nuevos, y a la salida de varios obispos.

El llamado del Papa Francisco a los obispos a encarar la plaga de abusos y tomar medidas concretas debe pasar por los tres puntos propuestos para el encuentro, indica el obispo auxiliar de Bogotá: “En todos los procesos de la iglesia debe existir la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia. No más encubrimiento. Es la única manera en que podemos recuperar la confianza de nuestros fieles”.

“Esto no va más. La iglesia tiene que tomar decisiones drásticas o la pérdida de credibilidad de la institución católica seguirá creciendo”, apunta Mallimaci.